Hace 16 años César Fernández Aldana tuvo que abandonar su predio localizado en el municipio de Luruaco, como consecuencia de las presiones y amenazas por parte del Frente 37 de las FARC con injerencia en el departamento del Atlántico.

En ese entonces, a través de cartas amenazantes y exigencias, las FARC le impusieron una presión de tal manera que tuvo que desplazarse hacia Barranquilla, situación que tampoco cambió su vida.

Asegura que “cuando salí de mi finca me llevé el ganado y lo dejé en una finca en Palermo, Magdalena, pero hasta allá el conflicto armado terminó afectándome, debido a que se robaron todos los animales”.

Este último hecho fue reconocido en versión libre por parte de ‘Jonathan Setenta’, del frente ‘José Pablo Díaz’, del Bloque Norte de las AUC, durante audiencia ante la Fiscalía.

Por estos hechos, Fernández Aldana decidió marcharse a Estados Unidos en el año 2003, donde permaneció hasta el 2009, tiempo en el cual se presentaron acciones judiciales que lo hicieron perder su predio.

No obstante, el deseo de César Fernández para recuperar su predio tuvo una luz de esperanza tras enterarse de los procesos de restitución de tierras. Fue así como presentó la solicitud e inició el proceso que culminó con la sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Santa Marta, que adicionalmente a la restitución ordenó medidas complementarias que le permitirán garantizar la estabilidad de Fernández Aldana en su predio ‘Loma Fresca’.

El Director de la Unidad de restitución de Tierras (URT) en Magdalena y Atlántico, Rodrigo Torres Velásquez, explicó que quienes se consideren víctimas porque hayan sido despojadas de su tierra pueden acercarse a la entidad para realizar este tipo de trámites.

Para ello deben argumentar por qué se consideran víctimas y relatar cómo fueron despojados, con fecha posterior al 1o. De enero de 1991. Es indispènsable que el solicitante haya tenido una relación jurídica con el predio, bien como propietario, poseedor u ocupante, lo cual será considerado por la URT para iniciar la investigación, evaluar los hechos que causaron el despojo y abandono, verificar dicha relación y la identificación del predio estableciendo su área y límites.

Luego, el caso se traslada ante un Juez que deberá decidir sobre la admisión de la demanda, comparecencia de las partes y dictar un fallo.

El fallo incluye medidas complementarias como el acceso a los procesos productivos, capacitación y apoyo para el desarrollo de los mismos, subsidios de vivienda y vinculación a la seguridad social y educación.

En el Atlántico la URT ha recibido 2.164 solicitudes relacionadas con tierras en el departamento, de las cuales han sido atendidas 1.942, mientras que 222 se encuentran en trámite administrativo.

“Hemos avanzado en 90% en el Atlántico y continuamos con las acciones pertinentes para alcanzar el 100% de atención a las solicitudes presentadas en esta parte del país”, puntualizó Torres Velásquez.